domingo, 15 de abril de 2007

El efecto de los CAT en la agroexportación

OPINIÓN I Las agroexportaciones no tradicionales sólo tienen dos incentivos: la excepción de impuestos y el Certificado de Abono Tributario (CAT). Ambos incentivos han contribuido a compensar las distorsiones internas y las desventajas competitivas que el sector ha confrontado durante toda su historia. La excepción de impuesto nos permite participar en los mercados con igualdad de condiciones frente a otros países de la región que tampoco pagan impuestos por sus exportaciones agrícolas.
En tanto, los CAT son un instrumento que ha permitido constituir las garantías crediticias para poder tener acceso a la banca comercial y a los distribuidores de insumos. También han permitido amortizar las caídas de los precios en el mercado y, en algún porcentaje, a mitigar parte de los incrementos en los costos de exportación, sobre todo envases y fletes.
Para el periodo 2006-2007, en la agroexportación participaron unas 57 empresas y unos mil 500 agricultores como proveedores de fruta, que en la práctica se constituyen en los beneficiarios directos de los CAT. Desde 1984 y hasta el año 2007, la agroexportación ha significado un sacrificio fiscal (CAT) para el Estado de 37 millones de dólares, pero a su vez la economía ha recibido un beneficio aproximado de 475 millones de dólares en concepto de ingresos, por los productos que se han exportado en esos 23 años, de los cuales, el valor neto luego de la intermediación es de tan solo 30 millones de dólares.
Pero lo más importante de los resultados de este aporte estatal es que ha permitido al país generar unos 30 mil empleos agrícolas anuales, lo cual contribuye, aunque de manera temporal, a resolver la problemática del desempleo en las áreas rurales del país.
También es importante señalar que el patrimonio agrícola (equipos y plantas empacadoras instaladas) es de aproximadamente 40 millones de dólares, suma que supera a los CAT recibidos. Al igual que otros gremios empresariales, el sector agrícola de exportación cree que, mientras se sostengan estos incentivos, los mismos deben estar sujetos a revisión y análisis fiscal.

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